En julio se reanudará audiencia del caso PAE de Cúcuta

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Para el próximo 9 de julio, a las 2:30 de la tarde, ante el Juzgado Sexto Penal del Circuitofueron citadas a audiencia  las cinco personas investigadas por presuntas irregularidades en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Cúcuta.

Presentado el escrito de acusación, resta a la Fiscalía hacer algunas aclaraciones a la defensa de los implicados sobre el material probatorio que hará valer en el juicio y procederá a formular la acusación, en una audiencia previa al inicio del juicio oral y público.

Los implicados fueron privados de la libertad luego de que la Fiscalía los requiriera por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por un monto de 3.640 millones de pesos.

Se trata de dos funcionarios de la Alcaldía de Cúcuta y tres de la Unión Temporal Dadles Vosotros de Comer, cuyos abogados han defendido el tipo de contratación que hicieron y han argumentado que los sobrecostos expuestos correspondieron a la mejora del servicio.

Los procesados son Telésforo Blanco, exsecretario de Hacienda del municipio y exsecretario de Bienestar Social, y a la asesora jurídica Lola Carvajal.

También, Martha Mendoza Camargo, Andrés Manuel Silva, y el sacerdote católico Víctor Manuel Lazzo, empleados y representante legal de la firma contratista, respectivamente.

Durante la audiencia de imputación de cargos, los familiares de los detenidos y algunos funcionarios públicos que fueron a acompañar la diligencia se mostraban tranquilos, pues aseguraban la inocencia.

Estas personas, que enfrentan el proceso en detención domiciliara y otras en libertad, fueron  llevadas ante la justicia por la celebración del contrato del PAE, que la Alcaldía, a través de Bienestar Social, otorgó a la unión temporal, una alianza entre la Pastoral Social de la Diócesis católica de Cúcuta y la Corporación Paz y Futuro.

Entre las irregularidades que se pusieron de manifiesto figuran el tipo de contratación, a través de la modalidad de contracción directa, así como el aumento injustificado del valor del contrato, que benefició a los mismos 58 mil estudiantes de años anteriores.

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